OPINION
Ocaso de un dictador
Gilberto de la Rosa
Analista político de NotiLatino.com
19 de diciembre del 2006
Con la llegada al poder del Presidente socialista Salvador Allende en los inicios de la década de los 70, se produjo un hecho de gran valor histórico, pues sentó el precedente de haber sido el primer gobierno socialista que arribaba al poder en Latinoamérica mediante elecciones libres, es decir, por la vía constitucional.
Ese acontecimiento fue la expresión de un pueblo que reclamaba cambios substanciales en sus estructuras económicas, políticas y sociales, ante el desgaste de un sistema económico-político regenteado por la democracia cristiana y los grupos conservadores, que mantenía a ese país suramericano en un estado de estancamiento y atraso social.
Obviamente, un gobierno fundamentado en la ideología marxista implicaba el inicio de un proceso gradual tendente a transformar las relacione sociales de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción y la libre empresa, esencia del capitalismo, en un sistema basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y en una economía centralizada por el Estado, esencia del socialismo.
La implantación de un sistema de esa naturaleza iría desplazando la clase social que había estado usufructuando el poder por años y que se vería obligada a renunciar a sus privilegios, por lo que el gobierno de Allende constituía una amenaza a sus poderosos intereses; de manera que desde el mismo momento en que las urnas daban ganadora la candidatura presidencial presidida por Allende, los planes conspirativos comenzaron a incubarse en el vientre del conservadurismo chileno de la época, bajo el padrinazgo de sectores políticos externos.
Para ejecutar el plan macabro, el personaje visible en quien recayó esa responsabilidad antidemocrática fue el General Augusto Pinochet, un oficial de academia de las Fuerzas Armadas Chilenas, que en aquel momento contaba con 58 años.
Bajo el principio constitucional de que las fuerzas armadas son obedientes y leales al poder civil y fieles defensoras de la soberanía nacional, el propio Presidente Allende le confió la comandancia del ejército en agosto del 1973, ignorando que ponía en sus manos el poder militar que 19 días después sería utilizado implacablemente y con saña para asestar una puñalada mortal al incipiente proceso político chileno.
En efecto, el 11 de septiembre del 1973, se producía la traición al materializarse el sangriento golpe militar con el asalto al Palacio Presidencia de la Moneda en el que pereció combatiendo valientemente el Presidente Allende. Con esa traición se iniciaba en Chile un período oscuro de su historia en el que durante 17 años [1973-1990] el poder omnímodo de un hombre y su maquinaria represiva borraría de cuajo el institucionalismo democrático, desataría una represión encarnizada, mediante la tortura, asesinatos, desapariciones y apresamientos de sus adversarios políticos; y los actos de corrupción estarían presentes en todas las instancias de su gobierno de oprobio.
Ya con el control del poder, las primeras medidas de pinochet fueron las de disolver los partidos políticos, cerrar el congreso, destruir los registros electorales para borrar todo vestigio de las elecciones que dieron el triunfo a Salvador Allende y crear la temible Dirección de Inteligencia Nacional [DINA], que en su cuartel secreto Villa Grimaldi torturó y asesinó a un número elevado de opositores a la dictadura. La primera evidencia fue el encuentro de 15 cuerpos de campesinos en unos hornos de cal abandonados en el 1979.
Según estimaciones se calcula que 3065 opositores fueron muertos, incluyendo 1200 que fueron detenidos y que nunca se supo su destino. La Presidente actual Michelle Bachelet fue encarcelada y torturada durante el régimen y su padre vilmente asesinado.
Esa ola represiva fue parte de la llamada operación cóndor, diseñada por organismos de inteligencia del gobierno de Washington en la década de los 70 para la eliminación de disidentes a los regímenes de fuerza y opresión. El mismo Departamento de Estado declaró dos día después del golpe, que "el Gobierno de EU desea dejar claro su deseo de cooperar con la junta Militar y ayudar en cualquier medida adecuada". "Más claro no canta un gallo", reza el refrán popular.
Como un medio de perpetuarse en el poder, en el 1980 convocó a un plebiscito resultado del cual fue aprobada una nueva constitución en la que se consagró la prolongación de su mandato hasta el 1989. En 1988 convocó a otro plebiscito con el fin de extender su mandato hasta el 1998, pero fue derrotado por el voto popular.
Ante esa situación adversa para pinochet, en el 1988 Hernán Buchi, candidato de la dictadura pinochetista pierde las elecciones, siendo electo el candidato opositor Patricio Aylwin, quien asume la presidencia en el 1990, pero Pinochet continúa al frente del Ejército hasta el 1998; año en el que después de la primera querella criminal incoada contra Pinochet por el partido Comunista Chileno, acusándolo de genocidio, secuestros y asesinatos de sus militantes, renuncia al mando del Ejército, pero para mantener inmunidad, es juramentado como Senador Vitalicio.
En ese año es detenido en Gran Bretaña por orden del Juez Español Baltazar Garzón, quien pedía su extradición a España para ser juzgado por violación a los derechos humanos; sin embargo ese pedimento no prosperó y Pinochet fue dejado en libertad por motivos médicos.
En el 2002 fue forzado a renuncia a su escaño en el Senado y se acogió a la inmunidad en calidad de ex Presidente de la República.
No obstante, Pinochet fue sometido a la acción de la justicia, acusado de desapariciones, asesinatos y torturas durante su régimen; evasión de impuestos y falsedad de escritura para el manejo de cuentas millonarias en bancos extranjeros.
El burocratismo judicial favoreció la prolongación de los procesos contra Pinochet, impidiendo que los tribunales emitieran sus fallos antes de su desaparición física acaecida el 10 de diciembre [33 años después del golpe], precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fueron convertidos en letras muertas durante la dictadura; sin embargo al tribunal de la historia le corresponderá la misión de evacuar el fallo condenatorio sobre los cargos imputados.
Hay que acotar, que Pinochet no corrió la misma suerte de otros dictadores que fueron acribillados por las balas, recibiendo el mismo tratamiento que dieron a sus adversarios políticos, o que murieron en la más profunda soledad del poder.
Con su desaparición, una "sombra" y una "pesadilla" también desaparecen del escenario político chileno; pero su muerte parece evidenciar la existencia de una nación dividida que demanda de la conciliación para la estabilidad y el mantenimiento de la democracia.
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