Senado discute situación política de Puerto Rico
16 de noviembre de 2006
Maribel Hastings
Corresponsal de La Opinión
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Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño y el Gobernador Anibal Acevedo Vilá.
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Washington, D.C.- Representantes de las tres principales corrientes ideológicas de Puerto Rico, estadolibrismo, independencia y estadidad, pidieron ayer al Congreso federal que agilice un proceso de consulta justo que permita definir la situación política de la isla. Pero el asunto, como muchos otros, quedará en el tintero hasta que sesione el nuevo Congreso el año entrante, si es que llegara a considerarse, pues tiene que competir con prioridades como la guerra de Irak.
La petición se formuló ante una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado que discutió el informe de la Casa Blanca sobre el futuro político de la isla, cuyas recomendaciones se sometieron hace 11 meses, en diciembre de 2005.
"Es muy temprano para determinar si habrá suficiente consenso en el Senado o en la Cámara Baja, o el compromiso de parte de esta administración [Bush] para avanzar legislación [sobre el futuro político de la isla]", admitió el senador demócrata de Nuevo Mexico, Jeff Bingaman, quien a partir de enero presidirá el Comité de Energía.
La audiencia reunió a los tres senadores hispanos, el republicano de Florida, Mel Martínez, y los demócratas de New Jersey y Colorado, respectivamente, Bob Menéndez y Ken Salazar. Martínez y Salazar ya sometieron una medida que fija una fecha límite para que los puertorriqueños decidan si quieren o no mantenerse como territorio de Estados Unidos o buscar un estatus permanente de no territorio.
El gobernador de Puerto Rico, Anibal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), condenó las recomendaciones del grupo especial que propuso una consulta en dos pasos: el primer voto para determinar si los puertorriqueños quieren o no seguir siendo territorio. Si rechazan ser territorio, habría una segunda votación entre las alternativas de independencia y estadidad.
Pero según Acevedo Vilá, la idea es limitar las opciones para "crear una mayoría artificial a favor de la estadidad".
La propuesta, dijo Acevedo Vilá "no sólo es antidemocrática, sino antiestadounidense...Y estoy aquí para solicitar que se le conceda a Puerto Rico un proceso justo", agregó.
Menéndez, por ejemplo, indicó que la intención es matar la opción del ELA a fuerza de atemorizar a la gente a votar en su contra por la creencia, derivada de conclusiones del reporte, dijo, de que se podría arrebatar la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños nacidos en la isla o de que Estados Unidos podría ceder la isla a otra nación.
Cuestionó además que en el grupo especial no hay puertorriqueños, que nunca viajaron a la isla, nunca se condujeron audiencias en Puerto Rico y que su copresidente, Rubén Barrales, en un viaje a la isla en 2004 se expresó a favor de la estadidad, dijo Menéndez.
C. Kevin Marshall, subsecretario de Justicia en la Oficina de Asesoría Legal, defendió el proceso. Pero dijo que la Administración Bush no ha tomado una postura en torno al reporte.
Menéndez, como Acevedo Vilá, favorece la conducción de una Asamblea Constitucional de Estatus, que goza del apoyo de varios senadores de ambos partidos y está contenida en el proyecto S.2304, de los demócratas Ted Kennedy y Menéndez, y los republicanos Richard Burr y Trent Lott.
La Asamblea permitiría que delegados elijan entre tres opciones para Puerto Rico: una asociación nueva o enmendada con Estados Unidos; la estadidad o la independencia.
Por su parte, el comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, del estadista Partido Nuevo Progresista (PNP), apoyó la propuesta del grupo especial. "Es lo mínimo que el Congreso puede y debe hacer para cumplir con son su papel histórico bajo la Constitución para redimir la promesa de Estados Unidos en Puerto Rico".
Y Rubén Berríos Martínez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo que se han dado todas las condiciones históricas que allanan el terreno para la independencia porque el ELA está en bancarrota en todos los sentidos, los intereses estratégicos de Estados Unidos hacia Puerto Rico han cambiado, y el Congreso realmente no favorece la estadidad. Por ende, "la independencia es la solución natural y racional a nuestro problema colonial".
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